Observatorio del Consumidor

Así lo plantea moción de diputados de diversas bancadas, que señala como improcedente el cobro de comisiones y gastos posteriores a la solicitud de cierre de una cuenta corriente.

Diario de la Cámara.

Los diputados Alvaro Escobar, Sergio Aguiló, Marcos Enríquez-Ominami, Alejandro Sule y Esteban Valenzuela proponen modificar la Ley General de Bancos en orden a regular el proceso de terminación de contratos de prestación de servicios bancarios.

Los legisladores señalan que la tardanza de los bancos en proceder al cierre de cuentas y otros productos bancarios solicitados por los clientes, genera conflictos, cobranzas indebidas y morosidad a los usuarios.

Al respecto, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras dictó el 2007 una circular impartiendo instrucciones sobre el término de contrato por prestación de servicios bancarios, medidas que este proyecto busca consagrar otorgándoles un carácter obligatorio y legal.

Para ello el presente texto (Boletín Nº 5792), fija un plazo de 10 días hábiles para que el banco responda a la solicitud de cierre de una cuenta. El mimo plazo regirá para cursar la terminación de contratos de servicios bancarios adoptada por una institución financiera.

Asimismo, se prohíbe el cobro de gastos y comisiones a partir de la fecha de solicitud de cierre del contrato, con excepción de cobros por cargos y comisiones ya devengados.

Seguidamente, el texto legal propone la obligación de la institución bancaria de entregar por escrito al cliente toda la información pertinente al cierre del contrato, como también de los pasos que el cliente debe seguir a continuación.

Una vez terminado el proceso de cierre y pagadas todas las obligaciones que el cliente adeude, la institución bancaria o financiera deberá devolver al cliente todos los instrumentos de garantía que hubiese suscrito, como también los documentos que contengan los antecedentes personales y comerciales del cliente. El proyecto ingresó a trámite el 2 de abril y fue remitido a la Comisión de Economía para su estudio.

Una treintena de países podrían verse enfrentados a disturbios sociales debido a la escasez de comestibles, advirtió el Banco Mundial. Un panorama que empeora cuando las innovaciones tecnológicas para preservar el medio ambiente terminan jugando en contra de las necesidades básicas mundiales.

El Mostrador, 14 de abril del 2008.

Los biocombustibles, que nacieron con la promesa de convertirse en alternativa "verde" al petróleo, se encuentran en los primeros puestos de la lista de culpables de la crisis global desatada por el alza de los precios de los alimentos.

Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial (BM), que celebran este fin de semana su reunión de primavera, han puesto de manifiesto durante los últimos días la conexión entre ambos fenómenos.

El debate sobre sus ventajas gana así un renovado protagonismo, aunque el creciente uso de productos de origen vegetal como el maíz en EE.UU., la mandioca en China, la caña de azúcar y la soja en Brasil y el aceite de palma en Indonesia para la generación de combustibles y su posible impacto en los precios de la comida es desde hace tiempo objeto de estudio académico.

Corinne Alexander y Chris Hurt, de la Universidad de Purdue (Indiana), señalan en un extenso análisis de finales del 2007 que la demanda de maíz y soja aumentó rápidamente durante los primeros años de la era de los biocombustibles, cuya producción despegó con fuerza alrededor del 2000.

Eso hizo que subieran los precios de ambas cosechas y se tradujo en un incentivo para destinar más acres a esos cultivos, sobre todo el maíz, lo que redujo el espacio para otros productos, que también se encarecieron, al continuar la demanda y contraerse la oferta.

Los cambios en el precio del trigo se trasladaron a la harina, el pan y otros derivados. La subida de la soja se reflejó en los aceites para cocinar y la margarina.

El pollo, la carne de ganado y los lácteos también subieron, ya que los citados animales son grandes consumidores de maíz y soja.

Lo anterior se sumó a otros factores como las sequías recientes en países productores como Australia, la subida del petróleo y el consiguiente encarecimiento de fertilizantes y costes de transporte y los cambios en la dieta en países como China, cuyo consumo de carne per cápita ha aumentado un 150 por ciento desde 1980.

Esa combinación fatídica ha impulsado en un 48 por ciento los precios de los alimentos desde finales del 2006, según el FMI, y provocado revueltas -en algunos casos violentas- en países tan distantes como Egipto, Pakistán, Haití o Burkina Faso.

Como consecuencia, varias docenas de naciones han impuesto algún tipo de control sobre los precios y más de 30 afrontan riesgos de desestabilización, según el Banco Mundial, que calcula que la pobreza podría aumentar entre un 3 y un 4 por ciento en los próximos años a raíz de la actual crisis.

El rostro de esta tragedia es humano, como queda de manifiesto en la mirada perdida de los niños desnutridos que estos días han vuelto a aparecer en algunos medios de comunicación.

De ahí que hayan empezado a multiplicarse los llamados para frenar los biocombustibles, sobre todo los que se producen a base de maíz en los países ricos.

Brasil utiliza fundamentalmente caña de azúcar, que ofrece las mayores ventajas contra el cambio climático, según el Banco Mundial.

Distinto es, según el diario The New York Times, la situación en los países ricos, ya que el etanol a base de maíz ofrece, "en el mejor de los casos, solo una pequeña reducción de los gases invernadero frente a la gasolina y podría agravar" la situación si causa más deforestación por la extensión de ciertos cultivos.

Además, el Times recuerda, en un editorial publicado el jueves, que tanto Washington como la Unión Europea subvencionan la producción y desincentivan la importación con aranceles.

"El mundo rico está exacerbando los efectos (de la crisis) al respaldar la producción de biocombustibles", concluye el periódico.

El presidente del Banco Mundial y ex representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Zoellick, evitó pedir esta semana una eliminación de los subsidios, pero sí apuntó que los países deberían considerar "si esas prácticas tienen sentido".

En juego están los más de 800 millones de personas que viven con menos de un dólar diario en el mundo, muchos de los cuales podrían ser víctimas de nuevas hambrunas si no se buscan soluciones a la actual situación.

Consumidora es indemnizada con más de $1 millón por las molestias por las que tuvo que pasar al estar en DICOM pese a haber repactado su deuda.

La acción legal se originó a raíz del reclamo de la consumidora Patricia Ruiz, quien se atrasó en sus pagos de la tarjeta Presto y fue enviada a DICOM, hasta que pudo repactar la deuda pagando puntualmente sus nuevas cuotas. Pero para su sorpresa, la empresa se negó a sacarla del registro de morosidad hasta que pagara el total.

Después de varios pagos, Patricia no tuvo más remedio que pagar todo lo que le quedaba (más de $1 millón) para salir del DICOM y poder sacar el crédito hipotecario que le estaban negando por esa razón.

Considerando que sus derechos como consumidora no estaban siendo respetados, decidió recurrir a SERNAC, organismo que tras una mediación desfavorable, denunció los hechos a la Justicia.

En el proceso, se pudo comprobar que efectivamente la consumidora había firmado una repactación en la que se comprometía a pagar su deuda en 24 cuotas, pero PRESTO se negó a sacarla de DICOM pese al convenio, argumentando que la deuda todavía existía.

No obstante, el juez estimó que la repactación otorgó nuevos plazos y condiciones para el pago, por lo que la deuda atrasada dejó de estar vencida, pues comenzaban a regir esos nuevos plazos. Por ende, no se justificaba que ella siguiera en el Boletín Comercial.

Por ello, la empresa cometió infracción al no cumplir con su deber de profesionalidad y no respetar los términos acordados, por lo que recibió una multa de 10 UTM. Asimismo, se le condenó a pagar una indemnización de $1.500.000 a la consumidora por todas las molestias y el tiempo que tuvo que invertir para solucionar el problema.

El fallo confirma una vez más que reclamar sirve y que las empresas tienen la obligación de respetar lo acordado. DICOM es para deudas atrasadas (morosidades) y la repactación hace que éstas dejen de estarlo porque otorga nuevos plazos.

Fuente: Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC.

Luego de dos años en que las cuentas eléctricas del Sistema Interconectado Central, SIC (que abastece de energía entre Taltal y Chiloé), sólo habían subido, ayer la Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer el informe definitivo de precios nudo, el cual consignó una caída en este valor de un promedio de 5,2%. Esto significa que las cuentas eléctricas de los clientes caerán en promedio 2,5%. Para la Región Metropolitana, en tanto, el descenso llegará a 2,7%.


El Mercurio, 17 de abril del 2008.


En el caso del Sistema Interconectado del Norte Grande, SING (entre Arica y Taltal), la caída promedio del precio nudo de energía fue de 6,2%, lo que se traducirá en una baja en las cuentas de luz que variará entre 4,1 y 5,9%.

Estas tarifas comienzan a regir a contar del 1 de mayo, aunque sólo se verán reflejadas en las cuentas cuando la Contraloría General de la República tome razón del decreto tarifario (en promedio tarda dos meses). Para tranquilidad de los clientes, una vez que el órgano contralor vise los nuevos valores, las compañías no sólo reflejarán la baja en los precios, sino también el descuento de los meses en que han seguido cobrando las tarifas correspondientes a la fijación de octubre de 2007.

Las disminuciones obedecen fundamentalmente a la caída del tipo de cambio, cuyo valor entre los meses de referencia (septiembre de 2007 y marzo de 2008) cayó 14%. El secretario ejecutivo de la CNE, Rodrigo Iglesias, advirtió que pese a que el dólar incidió a la baja, otros factores aún presionan al alza, como son la baja disponibilidad de gas y de hidroelectricidad, y el uso intensivo de diésel. El Gobierno ya anunció que en mayo habrá una indexación extraordinaria de precios, aunque ésta durará sólo hasta que la Contraloría dé el vamos a los nuevos valores.

Pese a la baja, los precios de la energía siguen motivando al ahorro. Un estudio hecho por la consultora Iccom afirma que el 20% de los chilenos deja encendida la luz, y un 66% de ellos no desenchufan los electrodomésticos que no están en uso.

Norte Grande: Entre Arica y Taltal, las cuentas caerán por primera vez en dos años y medio.

En un extenso reportaje publicado hoy, el influyente diario The New York Times expone los bajos estándares ambientales y sanitarios de la industria del salmón en el sur del país. El periodista converso con ONGs, empresarios e investigadores, pero la principal oficina sanitaria del Estado chileno, el Sernapesca, se negó a responder las preguntas.

Santiago de Chile, 27 de marzo de 2008. (Ecoceanos News)— La oficina de Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) está planeando realizar un viaje de inspección y control a la industria salmonera chilena, según dijo hoy al diario The New York Times, Stephanie Kwisnek, vocera de esta entidad sanitaria.

Esta información la señaló en el contexto de un reportaje acerca de la crisis sanitaria que afecta a la industria salmonera que opera en el sur de Chile, la cual registra la aparición de la plaga del piojo de mar y la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA).

“La F.D.A. está planeando un viaje de inspección para determinar los controles totales de Chile en sus salmones cultivados”, dijo Kwisnek a NYTimes.

En los últimos meses las empresas han eliminado hasta la totalidad de sus producciones en los centros de cultivo contaminados con ISA, y durante 2007 tuvieron una mortalidad de hasta 30 por ciento en los centros con presencia del piojo de mar.

Investigadores dijeron al diario que algunos antibióticos que no están permitidos en la acuicultura estadounidense, como la flumequina y el acido oxolínico, son legales en Chile y podrían incrementar la resistencia de las personas a los antibióticos.

En Junio pasado la FDA bloqueó la venta de cinco tipos de alimentos marinos de China porque usaban fluoroquinolonas y otros aditivos.

Stephanie Kwisnek afirmó que en 2007 la FDA testeó 40 muestras de un total de 114,320 toneladas importadas desde Chile. Pero que ninguna muestra resultó positiva para verde de malaquita, acido oxolínico, flumequina, ivermectina, fluoroquinolonas o residuos de estas drogas.

CRISIS SANITARIA ES PREOCUPACIÓN EN EE.UU.

El reporte del New York Times se basó en una visita a Chile del periodista Alexei Barrionuevo quién conversó con diferentes actores sociales y empresarios, pero no logró una versión oficial de la máxima autoridad sanitaria chilena, el Servicio Nacional de Pesca.

“Los funcionarios de Sernapesca, declinaron dar una entrevista para este artículo y no respondieron las preguntas escritas que se le enviaron”, afirma el diario.

El artículo expone todas las denuncias que hace años vienen realizando las organizaciones de medio ambiente, pescadores y trabajadores, respecto a los bajos estándares ambientales y sanitarios de estas compañías de capitales nacionales y multinacionales.

“Se requieren 7 a 10 libras de pescado fresco para producir 2 libras de salmón de cultivo”, afirma el diario.

También expone la gran cantidad de salmones escapados los que están depredando a la fauna nativa. Y denuncia la contaminación que generan las jaulas salmoneras en las zonas costeras.

Respecto a esto, The New York Times entrevista al Dr. Felipe C. Cabello, profesor del departamento de la microbiología e inmunología del New York Medical College. "Todos estos problemas se relacionan con una carencia subyacente de controles sanitarios", dice el especialista y agrega que las "infecciones parásitas, infecciones virales, las infecciones fúngicas, todas se diseminan cuando los pescados se estresan y los centros están demasiado cercanos".

A pesar que la actual crisis sanitaria ha generado preocupación pública básicamente por el virus ISA, el diario afirma que los problemas del cultivo de salmón en Chile vienen hace más tiempo.

Esta preocupación se reflejó en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2005 la cual criticó duramente a la industria salmonera que opera en Chile.

“La OCDE dijo que la industria necesitada limitar los escapes de cerca de un millón salmones al año; controlar el uso de fungicidas como la malaquita verde, un agente cancerígeno que fue prohibido en 2002; y regular mejor el colorante usado para que el salmón sea más atractivo, que se ha asociado a problemas de la retina en seres humanos. También dijo que el uso en Chile de antibióticos era ‘excesivo’”, afirma el Times.

Aunque había dudas sobre el funcionamiento del sistema de incentivos a la disminución del consumo de energía -que permite que las generadoras, a través de las distribuidoras, ofrezcan premios en dinero a los clientes regulados para que bajen su consumo-, durante el primer mes de operación el mecanismo tuvo un destacable desarrollo.


Desde Chilectra (que distribuye energía en la Región Metropolitana) informaron que del total de 1,45 millones de clientes, el 58% de ellos recibió premios de parte de las firmas generadoras, los que variaron en un rango de entre $200 y $2.000. Esta situación se tradujo en un promedio de premios cercano a los $1.000 y una baja en el consumo en torno a los 18 kWh por familia.

Alcance

En el caso de CGE Distribución -que posee 1,2 millones de clientes entre la Región Metropolitana y la de la Araucanía-, 398.130 consumidores recibieron incentivos, y a la fecha la compañía ha facturado premios por $ 150 millones, lo que encierra un ahorro estimado de 2,7 GWh desde que empezó a operar el mecanismo campaña.

En la distribuidora de energía de la Región de Valparaíso, Chilquinta, informaron que cerca del 40% del total de clientes (500 mil) recibieron premios.

Pero las familias verán bajas mayores en las cuentas eléctricas, ya que los premios se entregan en la medida en que los usuarios disminuyan sus consumos promedio. Así para un cliente de Chilectra que haya recibido un premio de $1.000 -equivalente a 18 KWh- dejará de pagar unos $1.980 debido al menor consumo, ya que el KWh tiene un valor de $111.

Cabe destacar que las facturaciones de las cuentas no se producen en una misma fecha, por lo cual no todos han podido acceder durante cuatro semanas a los premios. Desde el 10 de marzo y semanalmente, Endesa, Colbún y AES Gener dieron a conocer los montos que pagarían por cada KWh menos de consumo, los cuales variaron entre los $45 y los $56.

EN CIFRAS

1.439.000
Han sido los clientes premiados hasta la fecha, lo que equivale al 46% del total de clientes de Chilectra, CGE Distribución y Chilquinta.

58%
De los clientes de Chilectra recibieron premios, lo que representa incentivos para unas 841 mil personas.

$ 1.000
Fue el promedio de premios que recibieron los clientes de Chilectra, aunque los incentivos se movieron en rangos que van entre los $200 y los $2.000.

$2.998
Es el beneficio total que llega a tener un cliente que recibe un premio de $1.000, ya que éste significa una disminución de 18 kWh, lo que tiene un valor en Santiago de $1.998.

Colbún logra acuerdo por bonos

Colbún llegó a acuerdo con sus acreedores para aprobar el cambio en las condiciones financieras de tres series de bonos (C, E y F) vigentes, los cuales suman más de US$ 500 millones (11.196.475 UF).

Colbún se vio en la necesidad de renegociar estos bonos luego que en 2007 una de las cláusulas de los documentos dejara de cumplirse. Ayer la firma logró levantar la exigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. A cambio deberá desembolsar US$ 8,5 mills. como compensación.

Gobierno envía carta a NYT

Tras el impasse generado por la carta que envió el abogado ecologista Robert Kennedy Jr. al diario The New York Times (NYT) en referencia a las preferencias energéticas de la Presidenta Michelle Bachelet, ayer el ministro Francisco Vidal dio por terminado el inconveniente.

"Quiero como Gobierno agradecer el gesto, que habla bien de su persona, de Mr. Kennedy, al haber reconocido que cometió un error", dijo el ministro y agregó que aún queda un tema pendiente con el diario. "He enviado hoy día al NYT, a propósito de las críticas que editorialmente ha tenido ese diario, una carta formal del Gobierno chileno aclarando cuál es la política energética del Estado de Chile", reconoció el secretario de Estado.

En una medida inédita, el ente antimonopolio usó registros de llamadas para acusar presiones contra proveedores de plasmas.

JOSÉ TRONCOSO OSTORNOL, El Mercurio.

Ciento cincuenta y dos llamadas telefónicas se convirtieron en la principal prueba. La enorme cantidad de comunicaciones registrada entre ejecutivos de las multitiendas Falabella y Paris y los gerentes de las filiales locales de Sony, Philips, Samsung y LG, entre otras, terminaron por convencer al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de que las compañías de retail presionaron a los proveedores tecnológicos -de manera coludida, dijo el organismo- para que éstos no acudieran a una feria tecnológica organizada por el Banco de Chile y Travel Club en abril de 2006.

En fallo unánime, el TDLC acusó a las tiendas de abuso de posición dominante, "con el objeto y efecto de excluir a un competidor por medios ilícitos y reñidos con los usos honestos en materia comercial".

El caso, conocido como "Guerra del plasma", se inició en agosto de 2006, tras un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), al que posteriormente se sumó el banco.

La entidad financiera lanzó como gancho para su evento, que se iba a realizar la primera semana de abril de 2006 en CasaPiedra, descuentos en productos electrónicos y pago en 12 cuotas sin intereses.

La feria se publicitó con grandes avisos el domingo 2 de abril. Al día siguiente, dijo el TDLC, se registró un conjunto de acciones por parte de las demandadas, principalmente, numerosos llamados a sus proveedores.

En uno de sus considerandos, el TDLC destacó que "se encuentra plenamente acreditada la existencia de llamadas de ejecutivos de Paris y de Falabella a ejecutivos de Sony, y que esas comunicaciones tuvieron por objeto impedir la participación de esa marca en la feria".

Para llegar a estos antecedentes, el tribunal solicitó a Entel y Movistar registros de las llamadas que hicieran entre marzo y abril de 2006 ejecutivos de las multitiendas.

"Dichas conductas, cuando son realizadas por quien tiene poder de mercado con el fin de excluir a un competidor, constituyen por sí solas conductas abusivas que deben ser sancionadas (...) es aún más grave si el abuso de dicho poder de mercado se ejerce, como ocurrió en este caso, mediante la colusión entre dos de las más importantes multitiendas del país", dice la resolución, que multa con US$ 8 millones a Falabella (estimó un mayor impacto, dado que tiene un mayor peso en las ventas) y U$ 5 millones a Paris.

El TDLC, acreditó además que un ejecutivo de Falabella (Fernando Casado) llamó al gerente de División Electrohogar de Ripley, con el objeto, dijo, de "solicitar su colaboración", siendo rechazada la proposición.

Mala señal

El TDLC dijo que el "bloqueo" a la feria tecnológica del Banco de Chile constituyó una fuerte señal al mercado de que Falabella y Paris "están dispuestas a actuar agresivamente".

>>Desechan acusación de giro único

En otra arista del caso, el tribunal desechó el reclamo de las demandadas en cuanto a que el Banco de Chile está impedido de vender productos de electrohogar, dado su giro exclusivo como institución financiera. "Se ha acreditado que (...) Travel Club y Duty Free las que comercializan estos productos y organizaban la Feria, y mantienen una relación contractual con el Banco de Chile", dijo el TDLC. "Según lo informado por la SBIF (Superintendencia de Bancos), la feria y su promoción cumplían con todas las normas", agregó.

>>Falabella apelará a la Suprema

Apenas fueron notificados del fallo, los abogados de Falabella comenzaron a trabajar en la reclamación que presentarán ante la Corte Suprema para revertir la sentencia. Tienen plazo hasta el 22 de abril.

Por su parte, Paris recibió con sorpresa y disconformidad el fallo, por lo que estudia la presentación del recurso de reclamación.

En sus presentaciones, las partes dijeron que siempre buscan el mejor precio para sus clientes y que los proveedores son firmas multinacionales, agregando que no ha existido colusión, sino que una comunicación razonable y legítima respecto de ciertos eventos.


>>Algunas de las comunicaciones de la discordia

FERNANDO DE CASTRO
Ejecutivo de Packard Bell

"Fernando (Casado, de Falabella): Aunque no coincido con tus argumentos contra esta feria, pero si apoyamos a Falabella nosotros nos bajamos de la feria, si se bajan HP-Compaq, Sony y Apple".

(Mail exhibido por la FNE)

MICHAEL KANAAN
Gerente de Ventas de Sony Chile (en abril de 2006)

"Me dijo (Héctor Rodríguez, de Paris) que Travel Club es eso, un club para viajes, no un organismo para comercializar productos electrónicos".

(Declaración testimonial ante el TDLC)

CRISTIÁN CARAVIA
Ejecutivo de Falabella

"... les señalé a los proveedores que a nosotros no nos convenía (las condiciones de la feria), que si otro podía vender más barato yo los sacaba de las góndolas".

(Declaración, parte del expediente de la FNE).

YERKO FRANULIC
Gerente Línea Blanca de General Electric Chile

"Estábamos dispuestos a asistir, y cambiamos de opinión porque recibimos llamados de Falabella y de Almacenes Paris invitándome a no participar".

(Declaración, parte del expediente de la FNE).

FRANCISCO MASJUAN
Gerente de Intcomex

"No tenemos otra opción, por la presión que nos han puesto, que debo comunicarte que no podemos asistir a la feria".

Ministerio de Salud decidió derogar norma que impedía la ampliación.


RENÉ OLIVARES, (El Mercurio).


Un conflicto en ciernes se suscitó entre el Colegio de Químico Farmacéuticos y el Ministerio de Salud, tras conocerse la derogación de la circular 2C/Nº1 de 1987 del Ministerio de Salud, que autorizaba a vender medicamentos a negocios que no fuesen farmacias sólo en ciudades con poblaciones inferiores a los diez mil habitantes.

Este hecho ocurrió el 25 de marzo pasado, y en términos prácticos implica que cualquier persona que ya tenga una patente comercial y contrate a un técnico farmacéutico para su expendio, podrá vender analgésicos, antiinflamatorios y antitusivos.

Es decir, una serie de remedios estarán disponibles en el comercio -algunos incluso que requieren receta-, por lo que dejarán de ser exclusivos de las farmacias y podrían unirse supermercados, minimarkets y bencineras.

Esta decisión se basa en los objetivos del Gobierno de conseguir mayor equidad en términos sanitarios, y según Helia Molina, jefa de la división de políticas públicas del ministerio, no se espera un alto impacto con la medida, pues favorecerá a los lugares que tienen más difícil acceso a una farmacia.

Sin embargo, al conocer la noticia los químico farmacéuticos pusieron "el grito en el cielo", ya que aseguran que la autoridad está violando el artículo 123 del código sanitario.

Éste se refiere a que la venta de medicamentos debe efectuarse en farmacias, bajo la responsabilidad de un profesional químico farmacéutico.

Esto, a juicio del colegio profesional, pone en riesgo a la población, en cuanto al resguardo de la seguridad en el acceso a la farmacoterapia, que facilitaría la automedicación. Pero en el ministerio restan dramatismo a la medida, e incluso aseguran que podrá terminar con el oligopolio que existe en el mercado farmacéutico, dominado hasta ahora por las tres grandes cadenas.

NO TODOS

SÓLO algunos medicamentos de uso común estarán en el comercio.

Aseguran que serán entre 10 y 60% más baratos que los originales.


René Olivares


Un golpe que amenaza con remecer a la industria farmacéutica es el que busca dar el Laboratorio Biocross -que ingresó en marzo pasado a Chile- con 56 fármacos que ya están disponibles en farmacias y que prometen ser los primeros "bioequivalentes" en Chile.

Esto significa que son medicamentos exactamente iguales a los de innovación -que están protegidos por patentes comerciales-, a diferencia de los genéricos, que hasta ahora se comercializan en Chile, que no pueden asegurar los mismos efectos que esos fármacos.

Esto adquiere importancia cuando se trata de una enfermedad grave, como el cáncer, VIH o en el caso de pacientes trasplantados, que son los medicamentos que ingresó a Chile esta empresa, que además afirma que contará con precios entre 10 y 60% más baratos

Al menos, desde que se instaló en el mercado en marzo pasado, ha logrado cerrar 12 contratos, entre otros, con Cenabast, la central de abastecimiento del Ministerio de Salud.

Para la vicepresidenta ejecutiva de la asociación de laboratorios Asilfa, María Angélica Sánchez, "toda la industria acoge incorporar la bioequivalencia en los medicamentos, definiendo gradualidad, criterios de selección y certificación de instituciones que realizarán los estudios".

La autoridad, por medio de la subsecretaria de Salud Pública, Jeanette Vega, afirma que "la postura del Gobierno ha sido siempre avanzar hacia una política de 'genéricos verdaderos'; es decir, que se pueda demostrar que los medicamentos son seguros y que tienen los mismos efectos sobre las personas".

Para eso, se avanza para la creación de centros de referencia a nivel nacional e internacional, que puedan certificar la efectiva bioequivalencia de los genéricos. "De aquí a un año, espero que tengamos bastante avanzado este tema en el país", afimó Vega.

El problema está en los laboratorios internacionales, que invierten grandes sumas para lograr los medicamentos de innovación. Las normas dicen que una vez registrado un nuevo medicamento, el inventor tiene diez años de patente efectiva para comercializar el producto en exclusividad.

Sólo cuando ese período termina, todas las empresas que quieran pueden acceder a su formulación para producirlo. Así nace lo que se llama un genérico, que es mucho más barato.

El genérico, al menos en Chile, garantiza la seguridad y la calidad del producto, pero no su eficacia.

Los directivos de Biocross dicen que "Chile se merece prácticas similares a la de países desarrollados en al área".


PRESENTACIÓN

Se trata de medicamentos iguales a los de innovación, pero más económicos.

"La postura del Gobierno ha sido siempre avanzar hacia una política de genéricos verdaderos".

Jeanette Vega, Subsecretaria de Salud

Falabella fue multada por mantener a una consumidora en DICOM, pese a que había pagado su deuda.

Con ello se confirma que las empresas tienen la obligación de realizar todas las gestiones para que las deudas pagadas salgan del registro de morosidad.
Los hechos que originaron con la denuncia de Katherine Paz, quien arrastraba una deuda con Falabella, la que tras un esfuerzo, pudo pagar por completo. Se quedó tranquila pensando en que estaba al día, hasta que pasados varios meses, se dio cuenta que seguía en DICOM por un supuesto saldo de $16 mil.

Sus reclamos no tuvieron eco en la empresa, por lo que decidió recurrir a SERNAC, organismo que tras una mediación desfavorable, denunció los hechos a la Justicia.

La Corte de Apelaciones de Santiago consideró en su fallo del 2 de abril de 2008, que en la misma carta en la que Falabella respondía a SERNAC por el reclamo de la consumidora, se indicaba que ella había pagado la deuda un 11 de julio, sin embargo, al 9 de diciembre, seguían sus datos en el registro de morosidad como si no hubiese pagado.

El tribunal de segunda instancia consideró que con esta conducta la empresa vulneró la Ley del Consumidor al no cumplir lo convenido con la consumidora y no entregar un servicio profesional y de calidad como exige la ley 19.496, lo que se traduce en este caso, en no haberla borrado del registro de morosidad. Por ello se le condenó al pago de 5 UTM (más de $170 mil).

El fallo confirma que los consumidores no pierden sus derechos por tener deudas.

Cuando sus deudas aparecen en los registros de morosos (DICOM, por ejemplo), usted tiene derecho a que no se den a conocer más antecedentes que los relativos a la deuda.

Asimismo, tiene derecho a exigir que los datos que sean erróneos, inexactos, equívocos e incompletos sean corregidos.

Cuando el deudor paga su deuda, es responsabilidad de la empresa avisar al registro de morosos dentro de los siete días siguientes para que sea borrado.

Los registros no pueden comunicar información sobre las deudas de un consumidor cuando han pasado 5 años desde que su obligación se hizo exigible aunque la deuda esté impaga. Es decir, cumplido ese plazo el deudor deberá ser borrado del registro.

Recuerde que no pueden enviarlo a los registros de datos por deudas contraídas con empresas de electricidad, agua, gas y telefonía.

Fuente: Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC.